El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Ignacio García, ha registrado una Proposición No de Ley en la que pide al Gobierno andaluz que emprenda de oficio las actuaciones inspectoras necesarias para garantizar que no se produce ningún cobro indebido irregular por parte de los centros privados-concertados a las familias de los niños y niñas escolarizados en dichos centros.

 

El diputado se ha hecho eco del reciente estudio realizado por Comisiones Obreras sobre la escolarización de alumnado no universitario en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades y desequilibrios en el funcionamiento de centros de enseñanza privada concertada.

 

Así, entre las anomalías detectadas, García destaca el cobro de cantidades diversas a las familias del alumnado por actividades que no forman parte del currículo ordinario, variando los métodos de “presión” a familias de unos centros a otros. Según el informe del sindicato, en algunos casos se llega a colocar estas actividades en medio del horario lectivo “con lo que se provoca una cierta discriminación y detención del alumno que no las realiza”, apunta el diputado. También, en ocasiones, “se presiona más o menos explícitamente a las familias para que den donaciones a determinadas fundaciones o al AMPA del Centro”.

 

Según el estudio citado, esto lleva a que en la práctica existan notables diferencias en el gasto medio familiar por alumno escolarizado en función de que asista a un centro público o privado concertado (sostenido éste también con fondos públicos).

 

Por otro lado, el estudio constata también la existencia de importantes diferencias en la proporción de alumnos/as inmigrantes o con necesidades educativas especiales entre los centros públicos y los privados concertados. En concreto, se cita que la participación de la enseñanza concertada en el proceso de escolarización del alumnado inmigrante entre 2001 y 2008 ha pasado del 28,6% al 13,6%. Por lo que respecta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, mientras que los centros públicos cuentan con 24 alumnos de estas características por cada mil escolarizados, los centros privados concertados sólo cuentan con 16 por cada mil.

 

Para García, “resulta evidente que todo lo anterior contraviene el principio de equidad definido como básico en el artículo 4 de la Ley de Educación de Andalucía y al que se dedica íntegro el título III de la citada Ley”. En este sentido, la iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida solicita al Parlamento que inste al Consejo de Gobierno que inicie las actuaciones necesarias para garantizar para el curso 2009/2010, de acuerdo con el artículo 113-6 de la Ley de Educación de Andalucía, “la distribución equilibrada de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con carácter general,  y alumnado inmigrante en particular, entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos”.

 

Finalmente, Izquierda Unida pide a la Junta que se corrija de inmediato, e incluso se sancione conforme a la normativa vigente, cualquier irregularidad comprobada en los centros privados concertados, especialmente en el caso de que directa o indirectamente se atente contra el principio de equidad.

Tags: CCOO, Consejería de Educación, Educación, Junta de Andalucía, PNL

This entry was posted on Lunes, Mayo 4th, 2009 at 9:41 am and is filed under Educación, Iniciativas. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.